Establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1948, proclama la igualdad y dignidad de todos los hombres, principio cuyo desconocimiento ha ultrajado la conciencia de la humanidad.
También establece el derecho a la vida, la libertad y la seguridad individuales, condenando la esclavitud y las torturas. Determina la igualdad de todos ante la ley y el derecho de amparo contra actos que violen los derechos esenciales reconocidos por la Constitución o la ley. Rechaza, por consiguiente, la detención, prisión o destierro arbitrarios. Igualmente sienta los principios de la defensa ante la justicia, de la presunción de inocencia, de que es necesaria una ley penal anterior a la comisión del delito, así como de la protección de la vida privada, la familia, el domicilio, la correspondencia y la honra. Reconoce el derecho de libre circulación y de entrada y salida en todo país; el de buscar asilo, excepto para cuestiones judiciales de derecho común; de nacionalidad; de matrimonio y fundación de familia; de propiedad individual y colectiva; de libertad de pensamiento, opinión, conciencia, religión y expresión, de reunión y asociación; de acceso a la función pública y participación en el gobierno; de seguridad social y de trabajo con igualdad de salario justo y satisfactorio y derecho a sindicación, descanso y jornada razonable de labor; adecuado nivel de vida; asistencia a la maternidad e infancia y educación; protección moral y material a las creaciones científicas, literarias y artísticas. También estima la necesidad de un orden social internacional que garantice todos esos derechos. Por último, señala los deberes de todo ciudadano para con la comunidad, pues sólo en ella puede tener pleno y libre desarrollo. (*)
(*) Manuel Ossorio – Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales
1ª Edición Electrónica
Realizada por Datascan, S.A. Guatemala, C.A.
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